Luego de la fuga de amoníaco ocurrido el 7 de febrero pasado dentro de las instalaciones, y que dejó como saldo tres trabajadores fallecidos y decenas de heridos.

Sin embargo, para que el establecimiento fabril pueda reabrir sus puertas oficialmente, deberá contar con la aprobación de otras entidades, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Ambiente, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), el Ministerio de Industria y Comercio y la Municipalidad de San Lorenzo.

La resolución de Senacsa es el resultado de la verificación técnica realizada el pasado 13 de febrero, en la que constataron el paro total de las actividades y una parte de la estructura reparada luego del siniestro.

En la ocasión, la visita técnica a la fábrica dispuso el decomiso de un total de 31.520 kilogramos de productos que estaban expuestos al gas toxico y fueron declarados no aptos para el consumo humano. La explosión se presume que fue a causa de que el cilindro no resistió la presión de la carga, por la alta temperatura del lugar.